Cada vez es más habitual que un proyecto llegue a la fase de autorización con el conflicto ya servido. Antes incluso de que finalice la información pública, el territorio ya ha tomado posiciones. Han surgido plataformas ciudadanas, los medios de comunicación se han hecho eco del proyecto, los Ayuntamientos han expresado su postura y las redes sociales han amplificado el debate.
En ese momento, muchas empresas se hacen la misma pregunta: ¿es posible recuperar la confianza? La respuesta es sí, pero no mediante las herramientas que tradicionalmente se han utilizado.
Cuando el conflicto ya existe, organizar una jornada informativa o publicar nuevos estudios técnicos rara vez consigue cambiar la percepción de la población. En ese escenario, el problema no suele ser la falta de información. Lo que está en cuestión es la confianza en el proceso, la sensación de haber quedado al margen de las decisiones o la percepción de que el proyecto se ha diseñado sin tener en cuenta la realidad del territorio.
Por eso, los principales organismos internacionales coinciden en que la gestión de un conflicto social requiere un enfoque diferente.
Las Performance Standards de la International Finance Corporation (IFC), el Social Performance Framework del International Council on Mining and Metals (ICMM), las Directrices de Diligencia Debida de la OCDE, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y las recomendaciones de la International Association for Impact Assessment (IAIA) parten de una idea común: cuando la confianza se ha deteriorado, el objetivo ya no es únicamente informar, sino reconstruir una relación entre el proyecto y el territorio.
Esta perspectiva supone un cambio importante. La cuestión deja de ser cómo explicar mejor el proyecto y pasa a ser cómo comprender mejor el conflicto.
Antes de plantear soluciones conviene responder a preguntas sencillas, pero esenciales. ¿Quiénes son realmente los actores implicados?; ¿Qué preocupa a cada uno de ellos?, ¿Qué parte del conflicto responde a impactos objetivos y cuál tiene su origen en la falta de confianza o en experiencias anteriores?; ¿Existen aspectos del proyecto que puedan adaptarse?; ¿Hay condiciones para iniciar un diálogo?.
Los estándares internacionales recomiendan comenzar precisamente por ahí: escuchar antes de responder. Ese análisis inicial permite identificar intereses, comprender la diversidad de posiciones y diseñar un proceso de diálogo adaptado a la realidad de cada territorio. No todos los conflictos son iguales y, por tanto, tampoco pueden gestionarse de la misma manera. En algunos casos será suficiente mejorar la información y reforzar los canales de comunicación; en otros será necesario incorporar facilitadores independientes, crear mesas de trabajo permanentes o establecer mecanismos específicos para atender reclamaciones y realizar un seguimiento transparente de los compromisos adquiridos.
La denominada Licencia Social no se obtiene mediante una resolución administrativa ni mediante una campaña de comunicación. Es el resultado de una relación de confianza que se construye con el tiempo y que debe mantenerse durante todo el ciclo de vida del proyecto.
En FUNPASOS entendemos que esa confianza no puede improvisarse cuando aparece el conflicto. Requiere conocer el territorio, comprender su realidad social, identificar a los actores relevantes y diseñar procesos de participación y gobernanza que permitan transformar la confrontación en diálogo.
Porque un proyecto puede ser técnica y jurídicamente viable y, sin embargo, fracasar si no consigue generar legitimidad social. Gestionar esa dimensión ya no es una cuestión accesoria: forma parte de la buena gobernanza de los proyectos y constituye uno de los principales retos para cualquier iniciativa con incidencia sobre el territorio.