Con el cierre de las consultas públicas previas abiertas por el MITECO para desarrollar el futuro Sello de Excelencia Social y territorial de proyectos de energías renovables y el futuro Estándar de Excelencia Social, Territorial y Ambiental en el ámbito del biometano, comienza una nueva etapa en la incorporación de la dimensión social a los proyectos energéticos.
Aunque todavía habrá que esperar aún para conocer los futuros desarrollos normativos, las cuestiones planteadas durante el proceso permiten identificar algunos de los grandes retos que deberán abordarse en los próximos años.
Uno de ellos resulta especialmente importante: ¿Cómo se mide la excelencia social? La pregunta parece sencilla, pero encierra una enorme complejidad.
Si la dimensión social va a formar parte de la evaluación de los proyectos, resulta lógico que sea necesario establecer indicadores, sistemas de seguimiento y mecanismos de acreditación.
Las administraciones necesitan criterios objetivos, las empresas necesitan seguridad jurídica y los territorios necesitan garantías de que los compromisos asumidos se cumplen realmente.
Por eso, gran parte del debate actual gira en torno a cuestiones como la participación ciudadana, el retorno de beneficios, la generación de empleo local o la contribución al desarrollo territorial.
Todos ellos son aspectos importantes y, en mayor o menor medida, medibles.
Sin embargo, la experiencia demuestra que algunos de los factores que más influyen en la aceptación de un proyecto son también los más difíciles de cuantificar.
Es relativamente sencillo contabilizar cuántas reuniones se han celebrado, cuántas personas han asistido a una jornada informativa o cuántas entidades han participado en un proceso de consulta.
Lo que resulta mucho más complicado es responder a otras preguntas: ¿La información fue realmente comprendida?; ¿Las preocupaciones expresadas por la población fueron tenidas en cuenta?; ¿Se generó confianza?; ¿Se fortaleció la relación entre el proyecto y el territorio?
Dos proyectos pueden presentar indicadores muy similares y, sin embargo, obtener resultados completamente distintos en términos de aceptación social. La diferencia suele encontrarse en aspectos que rara vez aparecen reflejados en un informe: la credibilidad de quienes impulsan el proyecto, la transparencia de los procesos, la capacidad de escucha o la calidad de las relaciones construidas a lo largo del tiempo.
La necesidad de evaluar los impactos sociales no es una novedad.
Organismos internacionales, entidades financieras y grandes promotores llevan años trabajando con herramientas destinadas a identificar y gestionar riesgos sociales asociados a proyectos de infraestructuras, energía o transporte.
Los Estándares de Desempeño de la International Finance Corporation (IFC), por ejemplo, no se limitan a verificar el cumplimiento de determinados requisitos formales. También exigen procesos continuados de participación, mecanismos de reclamación accesibles y sistemas de seguimiento que permitan comprender cómo evolucionan las relaciones con las comunidades afectadas.
Del mismo modo, las metodologías de Evaluación de Impacto Social reconocen que la dimensión social no puede entenderse únicamente a través de indicadores cuantitativos. Aspectos como la percepción de justicia, la confianza institucional o la calidad de vida requieren herramientas más amplias y, en muchos casos, una comprensión profunda del contexto local.
Quienes trabajamos sobre el terreno sabemos que las relaciones entre un proyecto y una comunidad no se construyen durante un periodo de información pública ni se resumen en una memoria justificativa, se construyen mucho antes. En reuniones con ayuntamientos, en conversaciones con asociaciones locales, en encuentros con agricultores, ganaderos, empresarios o propietarios.
En espacios donde las personas expresan expectativas, preocupaciones y oportunidades que difícilmente pueden traducirse en un indicador.
Por eso, cualquier sistema que aspire a evaluar la excelencia social deberá ser capaz de reconocer no solo los resultados obtenidos, sino también la calidad de los procesos que los hacen posibles.
La incorporación de la dimensión social al desarrollo de los proyectos energéticos representa una oportunidad para avanzar hacia modelos más completos de sostenibilidad.
Pero también plantea desafíos importantes: ¿Cómo aportar objetividad sin simplificar en exceso una realidad compleja?; ¿Cómo evaluar la confianza sin reducirla a una puntuación?; ¿Cómo medir la calidad de una relación construida durante años?
Probablemente no existan respuestas simples. Lo que sí parece claro es que la excelencia social no dependerá únicamente de los indicadores que se definan en una norma. Dependerá también de algo más difícil de medir: la capacidad de los proyectos para generar relaciones de confianza, comprensión y colaboración con los territorios donde se desarrollan.