El verano de 2026 está dejando varias señales de un cambio relevante: la dimensión social y territorial de los proyectos de transición energética y digital está adquiriendo un peso creciente.
No se trata de afirmar que la oposición social esté detrás de cada cambio normativo ni de que exista un rechazo generalizado a estos proyectos. La cuestión es más amplia: participación, impactos locales, distribución de beneficios e integración territorial están entrando con mayor claridad en la agenda de administraciones y promotores.
Biometano: un conflicto territorial que pone el foco en la participación
Castilla-La Mancha ofrece uno de los ejemplos más visibles. La Ley 5/2026, aprobada el 16 de julio, modifica la Ley de Evaluación Ambiental autonómica. Aunque su tramitación tenía antecedentes en 2025 y no sería correcto atribuir su aprobación únicamente a la contestación social generada por las plantas de biometano, sí resulta significativo que refuerce la intervención de los Ayuntamientos e incorpore la consideración de la afección socioeconómica de los proyectos.
Paralelamente, y en un proceso ya sí directamente relacionado con el debate sobre el modelo de implantación del biometano, la Junta de Castilla-La Mancha ha sometido a participación pública, entre el 28 de julio y el 24 de agosto, el proyecto de Decreto sobre la gestión de residuos orgánicos mediante su transformación en biometano. El anterior Plan Regional de Biometanización fue retirado tras recibir más de 15.000 alegaciones.
Centros de datos: una cuestión que empieza a anticiparse
El caso de los centros de datos requiere una lectura diferente. En España no existe actualmente una oposición social generalizada, aunque sí empiezan a plantearse debates sobre su impacto territorial, especialmente por el consumo energético y de agua, el suelo y la capacidad de las redes.
En este contexto, el Gobierno acaba de presentar un proyecto de Real Decreto que establece requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos, sometido a audiencia e información pública hasta el 4 de septiembre.
La regulación no responde a una protesta social generalizada en España, pero resulta significativa porque incorpora cuestiones que pueden adquirir una dimensión territorial y social a medida que aumente el despliegue de estas infraestructuras. Fuera de España ya existen señales más claras: en Francia , por ejemplo, se multiplican los conflictos locales vinculados al suelo y al consumo de electricidad y agua, mientras que en Escocia se está reforzando el control sobre los grandes proyectos, poniendo el foco en su impacto sobre las comunidades y en la generación de beneficios públicos.
Europa: la participación pública entra en la agenda de la transición
En julio, la Comisión Europea publicó la “Public Inclusion Toolbox for Renewable Energy”, una herramienta dirigida a los Estados miembros para mejorar la participación pública en los proyectos renovables. La Comisión reconoce que la falta de aceptación puede retrasar o incluso bloquear proyectos y propone combinar la participación procedimental con medidas de creación de confianza y mecanismos de participación económica y reparto de beneficios.
La aceptación social empieza así a considerarse no sólo una cuestión de comunicación, sino también un factor relacionado con la velocidad, el coste y la viabilidad del despliegue.
En este contexto resulta especialmente interesante la iniciativa desarrollada en Cataluña. Tres clústeres energéticos y de residuos, con la colaboración de ARC Mediació Ambiental e ICAEN, presentaron el pasado 10 de julio una “Guía para la gestión de la licencia social y la integración de los proyectos de transición ecológica en Cataluña”.
Su planteamiento parte de una idea sencilla: los proyectos de transición no deberían abordar su relación con el territorio únicamente cuando aparece el conflicto.
La guía propone herramientas para identificar actores y posibles conflictos, mejorar el diálogo y la participación, generar confianza y favorecer una mejor integración territorial. En definitiva, plantea pasar de la reacción ante el conflicto a su prevención.
Los acontecimientos de este verano no responden a un único patrón: el biometano muestra conflictos ya activos; los centros de datos, un debate que en España todavía está en una fase diferente; y la Unión Europea comienza a proporcionar herramientas específicas para mejorar la participación y aceptación de los proyectos renovables.
Pero todos apuntan hacia una misma pregunta:
¿Estamos incorporando suficientemente la dimensión social y territorial al diseño de los proyectos antes de que aparezca el conflicto?
Y precisamente ahí es donde trabajamos desde FUINPASOS: ayudando a promotores y organizaciones a anticipar la dimensión social y territorial de sus proyectos, identificar actores y posibles riesgos, mejorar los procesos de diálogo y participación y diseñar estrategias que favorezcan una mejor integración de los proyectos en el territorio. Gestionar la relación con las comunidades antes de que aparezca el conflicto también es gestionar el riesgo del proyecto.